El imperialismo norteamericano apunta a la revolución bolivariana

URIBE, A LAS ÓRDENES DE WASHINGTON, HACE EL TRABAJO SUCIO EN LA REGIÓN
El imperialismo norteamericano apunta a la revolución bolivariana
2010
15 de Agosto
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No hay nada nuevo bajo el sol en el reciente capítulo de la crisis entre Colombia y Venezuela, aunque la intensificación del intervencionismo yanqui a través de sus procónsules en la región genera no pocas señales de alarma en un contexto de fuertes contradicciones políticas, económicas y sociales al interior de la mayoría de los gobiernos sudamericanos.
Un nuevo episodio en la crisis crónica entre Colombia y Venezuela ha estallado súbitamente en los últimos días de julio. En esta ocasión, como en anteriores circunstancias de la historia reciente de estos dos países, el centro de la polémica estuvo en la supuesta presencia de comandos guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la frontera sur colombo-venezolana.
De acuerdo con fuentes militares y de inteligencia del gobierno colombiano de Álvaro Uribe, se han obtenido pruebas irrefutables, a través de un mapeo satelital integral de importantes franjas de la frontera norte de ambos países, de la presencia de elementos irregulares de las FARC que, de hecho, habrían constituido campamentos del lado venezolano, con la deliberada anuencia del gobierno de Hugo Chávez.
Con base en sus “pruebas irrefutables”, el gobierno colombiano decidió denunciar a su par venezolano ante la Organización de Estados Americanos el pasado 22 de julio por mantener una actitud de tolerancia y cooperación con los sectores insurgentes de las FARC, al brindarles un “santuario” y una plataforma territorial desde la que se intenta desestabilizar al gobierno colombiano. En reacción a esta llamativa denuncia, la administración de Chávez rompió relaciones diplomáticas con el gobierno colombiano y lo acusó directamente de complicidad con la estrategia de Estados Unidos, que fomenta un conflicto armado entre ambos países desde hace años.
Ampliación y profundización de represión a gran escala del gobierno de Uribe
Ante el agravamiento de la situación geopolítica en la región del Caribe sudamericano, es importante echar luz sobre algunos hechos que, al ser presentados de manera fragmentada y descontextualizada por parte de los grandes medios de comunicación, promueven lecturas antojadizas e interesadas con el objetivo de debilitar aún más la situación interna del gobierno venezolano.
Un primer hecho fundamental ha sido la ampliación y profundización de las políticas represivas a gran escala encaradas por la administración de Uribe para controlar y liquidar el accionar de los grupos guerrilleros. Esta política ha tenido –desde la asunción de Álvaro Uribe en agosto de 2002– dos vectores centrales de acción política: por un lado el externo, a través de la consolidación del denominado Plan Colombia –instaurado en 1999 con la bendición del entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton–, que fue dotado de multimillonario presupuesto militar y de inteligencia, con el doble objetivo de operar sobre los elementos irregulares presentes en el territorio colombiano (grupos insurgentes y paramilitares, aunque enfocando claramente la tarea sucia sobre los primeros) y de brindar protección y seguridad a las inversiones de las principales empresas extranjeras presentes en los negocios mineros y petroleros.
Por otro lado, en el plano interno, se encaró una política de militarización de la seguridad pública, conocida como política de Seguridad Democrática, cuyo objetivo central fue la liquidación del accionar de las FARC en buena parte del territorio nacional buscando la participación de la misma ciudadanía en las tareas de represión y delación de supuestos activistas. Ciertamente, esa ofensiva temeraria no casualmente se ha mezclado con descaradas intervenciones sobre sindicatos urbanos y rurales, movimientos sociales y toda manifestación de oposición a la continuidad de las políticas neoliberales del gobierno colombiano.
La estrategia de hechos consumados como autoevidencia
En segunda instancia, es importante recordar los hechos acaecidos el 1º de marzo de 2008, cuando la Fuerza Aérea Colombiana –con la ayuda de la inteligencia militar de Estados Unidos– bombardeó territorio ecuatoriano en la región del Putumayo en busca de un supuesto campamento guerrillero de las FARC; violaba así la integridad territorial y la soberanía del Estado ecuatoriano. Este hecho fue denunciado y condenado en la entonces naciente Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) y en la desfalleciente OEA.
Es notable cómo las situaciones se parecen en lo que respecta a la lógica que opera detrás de la presentación de los hechos, ya que en aquella ocasión el gobierno colombiano invocó la contundencia de pruebas documentales en archivos informáticos y mapas satelitales que indicarían la negligencia o complicidad del gobierno de Rafael Correa con el accionar de las FARC. Estas supuestas evidencias jamás fueron presentadas seriamente ante alguna instancia regional o internacional por el gobierno colombiano y, como en la crisis actual, se actuó deliberadamente con una estrategia de hechos consumados que gozaban del raro privilegio de la autoevidencia.
El valor de las siete bases militares de Estados Unidos en Colombia
Un tercer hecho refiere, tal vez, al nudo gordiano de la crisis que enfrenta a ambos países. En octubre de 2009, el gobierno de Estados Unidos y su par de Colombia firmaron en Bogotá un inédito acuerdo bilateral de cooperación en materia militar, de inteligencia y de seguridad pública, cuyo eje central es la instalación de siete bases militares estadounidenses en regiones del territorio colombiano con alto valor geopolítico por diversos motivos: recursos petrolíferos y minerales (región amazónica colombiana) y ubicación geoestratégica relevante (costas del Pacífico y frontera con Venezuela) por motivos de control militar o comercial.
Este inusitado despliegue logístico –basado esencialmente en el poder de fuego aéreo– le permitiría a Estados Unidos tener el control completo del territorio colombiano para conducir operaciones militares de gran envergadura que podrían alcanzar, incluso, todo el continente. Uno de los centros neurálgicos de esta presencia militar es la base aérea de Palanquero, que fue calificada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos y el Comando Sur, en un documento de mayo de 2009, como una pieza clave para la facilitación de la estrategia de movilidad global del Pentágono en todo el continente.
Consecuentemente, a partir de estos sucesos, las acusaciones al gobierno de Chávez arreciaron con mucha más fuerza y, en el contexto del creciente intervencionismo militar de Estados Unidos en Colombia, se han sucedido frecuentes crisis bilaterales con aristas económicas, políticas y militares, cuyo foco ha sido la persistente acción psicológica sobre los supuestos vínculos de Venezuela con las FARC y con el negocio del narcotráfico. Nuevamente, sobre todo ello jamás se han presentado evidencias ante institución alguna que puedan justificar semejante acusación.
La reactivación de la IV Flota de la Marina de Guerra de EU
Como telón de fondo y antecedente más remoto de todos estos hechos, debe registrarse con sumo cuidado la decisión de reactivar el funcionamiento de la IV Flota de la Marina de Guerra de Estados Unidos, tomada en julio de 2008, previamente al mencionado acuerdo bilateral de octubre de 2009 y a pocos meses de la escandalosa intervención colombiana en territorio ecuatoriano. Ciertamente, esta decisión –tal como se dejó en evidencia oportunamente en la declaración realizada por el gobierno brasileño de Lula Da Silva, que fue acompañada por buena parte de la subregión– obedeció, seguramente, a la creación del Consejo Sudamericano de Defensa, de la mano de la Unasur en 2008, y tiene sin duda alcances continentales en cuanto a la amenaza no tan velada que comporta a los intereses nacionales estratégicos de los países sudamericanos.
En definitiva, no hay nada nuevo bajo el sol en el reciente capítulo de la crisis entre Colombia y Venezuela, aunque la intensificación del intervencionismo yanqui a través de sus procónsules en la región genera no pocas señales de alarma en un contexto de fuertes contradicciones políticas, económicas y sociales al interior de la mayoría de los gobiernos sudamericanos.